Los condenados en el "caso Egunkaria"

La absolución de los imputados deja por definir recursos e indemnizaciones, también las de los trabajadores y la impagable por la difamación a la cultura vasca, pero la sentencia deja claro que durante 7 años sí hubo culpables. Otra cosa será que su impunidad se corrija.

Por Iñaki González - Miércoles, 14 de Abril de 2010 -

TERMINÓ el sainete en su acto principal. Quedan por definir recursos y la indemnización de los acusados hoy absueltos en el llamado caso Egunkaria, además del resarcimiento de los afectados, que debería alcanzar al conjunto de trabajadores que tenían su proyecto vital en torno a aquel medio de comunicación y lo vieron truncado con desigual suerte. No son asunto menor, como no lo es el hecho de que no habrá dinero para remendar los rotos de la difamación a la que ha sido sometido el conjunto de la cultura vasca en euskera por parte de voces que no se bajarán de ese burro en el que han encontrado feliz acomodo para sus insultos.

Decía ayer algún político que el juicio contra Egunkaria no era un juicio contra la cultura vasca y tenía razón. En los ataques gratuitos e insistentes hacia las ikastolas, los euskaltegis, las asociaciones y los periódicos en lengua vasca no ha habido nunca el mínimo de garantías procesales propios de un juicio. La criminalización sistemática practicada no ha necesitado de verdades para sostenerse y, ante ella, tan crudo ha sido el ataque como la pasividad de quienes, conociendo la realidad del país, callaron complacientes. La Audiencia Nacional no ha absuelto al euskera ni a la realidad sociocultural vasca porque ésta no estaba en el banquillo. Simplemente era lapidada contra el muro trasero de la Justicia por el mismo montaje mediático y político que marcó todo lo demás durante la mayoría absoluta del Gobierno de José María Aznar.

Aún hoy, el éxito de esa estrategia se puede constatar en medios de comunicación y foros españoles en los que no hay empacho para cuestionar esta sentencia en particular o para abstraerse de ella. Para seguir mintiendo convenientemente a favor de un proyecto nacional que sólo entiende una forma de cultura, de modelo social, una estructuración política del Estado desde el centro hacia la periferia, una Historia y, en el fondo de todo, un modo de obtener y conservar el poder.

Una estrategia tan obscena que una sentencia judicial se ha visto en la obligación de desmentir la falacia que ha sustentado esa criminalización constante. ¿Por qué, si no, se siente el tribunal en la necesidad de constatar y rechazar estas prácticas? Así lo hace en la sentencia cuando afirma lo siguiente: "La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce, en el proceso penal, a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación".

La campaña seguía teniendo voz incluso ayer en el presidente de la denunciante asociación Dignidad y Justicia, que volvía a asegurar que la eventual indemnización subsiguiente a la sentencia irá a manos del "entorno de ETA" y lamentaba que esta interpretación judicial pueda servir para argumentar que "no todo es ETA". En este estado de cosas se echan en falta reacciones. A la ligereza con la que en su día se practicó desde la dignidad de cargos institucionales de primer nivel esta criminalización de las especificidades socioculturales vascas, como medio de criminalizar a su vez al conjunto del nacionalismo, no le ha seguido en tiempos más recientes al menos igual intensidad a la hora de desmentir desde las mismas instituciones mentiras de calado que se han afianzado en una parte significativa de la sociedad española. Ni estaría de más que la máxima representación política de este país, su lehendakari, levante la voz para denunciar ante los tribunales, si cabe, a quienes siguen atentando contra la dignidad de la cultura vasca.

Desde luego, quien no se contuvo en su día fue el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, en querellarse contra las cinco personas ahora absueltas por haber denunciado torturas. Aquella presunta difamación de la que se les acusó hoy debe ser leída a la luz de la sentencia, que califica "de especial relevancia" el hecho de que las denuncias de tortura coincidan con los informes médico-forenses y llevan al Tribunal a "constatar que no hubo control judicial suficiente y eficiente".

La sentencia considera literalmente "creíble" la explicación que da Xabier Oleaga sobre la divergencia entre sus declaraciones al juez y aquellas obtenidas por la Guardia Civil. Una vez más, el texto es elocuente y el tribunal considera creíble lo que sigue: "Oleaga explicó que su declaración policial y los cambios de fecha en su declaración ante el instructor eran tributarias de los malos tratos y torturas de los que fue objeto y del estado psicológico en que se encontraba".

Llegados aquí, cuando ya sabemos que los acusados son y durante siete años han sido inocentes, cabe preguntarse si hay culpables de un proceso que, lejos de ser evidencia del funcionamiento del Estado de Derecho, pone de manifiesto la instrumentalización política del mismo.

El dedo acusador al juez instructor, Juan del Olmo, parece evidente. Ni atendió a su deber de garantizar la tutela efectiva de los detenidos en vista de la "creíble" denuncia de maltrato; ni garantizó el derecho a la libre información al clausurar cautelarmente el diario sin respaldo constitucional; ni aplicó el mínimo criterio de calidad a los indicios presentados sin respaldo documental probatorio de fundamento, como acredita el tono demoledor de las conclusiones del Tribunal. Sin embargo, no confío en que estos días, en los que se trata con tanto celo el proceder de algunos jueces en otros casos y se habla de prevaricación con letras capitulares, haya el valor de aplicar a este otro proceder el mismo principio por parte de los mismos azotadores.

Pero el juez Del Olmo, a quien este varapalo profesional le coge dedicado ya a la actividad privada, debe hacer sitio en ese banquillo ético a alguno más. Sin duda, al ministro de Interior que amparó el proceder inequívocamente negligente de la Guardia Civil en este caso y que actuó en sorprendente connivencia con el juez con la publicación de una nota conjunta del Ministerio y el Juzgado de la Audiencia Nacional, hecho sin precedentes, que explicaba una operación policial basada en especulaciones. Al propio instituto armado, a cuyos miembros se cuestiona en su proceder tanto en la custodia de los detenidos como en la creatividad de sus informes, cargados de interpretaciones ajenas a pruebas de cargo que las sustentaran. Y, por extensión, a no pocos tribunales de la propia Audiencia Nacional que, a diferencia del que preside Gómez Bermúdez, sí consideraron prueba pericial de cargo en otros casos informes policiales meramente interpretativos y cargados de una doctrina resistente al tiempo en los sucesivos Ministerios del Interior. Al final, no parece que le hayan faltado culpables al caso Egunkaria. Otra cosa es que se vaya a corregir su impunidad.

* Periodista