La pretensión de PSE y PP de ampliar el desalojo del nacionalismo a otras instituciones de nuevo soslaya la realidad social y se basa en la exclusión política pero además sacrifica el interés común al trasladar una gestión que se muestra y saben ineficaz
Viernes, 5 de Noviembre de 2010 -Editorial DEIA
Tanto el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, como el portavoz del PSE y próximo candidato socialista en las elecciones forales en Bizkaia, José Antonio Pastor, han abogado en las últimas horas por extender a otras instituciones el pacto con el que desalojaron al nacionalismo vasco del Gobierno de la CAV y por "trasladar el cambio" a las diputaciones y los principales ayuntamientos. Basagoiti, calcando los tiempos del ofrecimiento que realizó a Patxi López en noviembre de 2008 y que posteriormente, pese a las reiteradas negativas socialistas durante la campaña, se plasmó en el denominado Acuerdo de Bases, ha anunciado incluso que ya ha hecho llegar a López esa nueva oferta de reparto de las instituciones entre los dos partidos de implantación y obediencia estatal. Dicha oferta, y en su caso el acuerdo, no es objetable desde el punto de vista de la legitimidad. Aun cuando ambas formaciones coinciden en el ámbito ideológico únicamente en su afán por derrotar al nacionalismo vasco con el objetivo de uniformizar a Euskadi dentro de España, PP y PSE son tan libres para pactar entre sí como para buscar otro tipo de alianzas. Sobre todo si esta vez sí lo explican a los electores en lugar de intentar ocultarlo. Sin embargo, oferta y acuerdo tienen una carencia democrática y una consecuencia práctica que los hacen más que cuestionables. La primera radica en que la extensión de la unión socio-popular a otras instituciones también estaría apoyada en la exclusión política de un sector de la sociedad vasca, exclusión sin la que la suma de ambos no alcanzaría a obtener el único objetivo que comparten. Sin obviar que, además, acabaría de facto con cualquier atisbo de la transversalidad y el pluralismo tantas veces y durante tanto tiempo exigidos al nacionalismo vasco. La consecuencia práctica es, si cabe, hasta más preocupante. Porque el PP está dispuesto a extender al mayor número de instituciones un acuerdo que trasladaría también a Bizkaia y Gipuzkoa, además de a algunos ayuntamientos de referencia, la gestión socialista que se ha revelado extremadamente ineficaz en el Gobierno vasco tal y como en más de una ocasión han admitido desde el propio Partido Popular. Y porque el PSE acepta, con la ampliación del acuerdo, la extensión de la presión que el PP ya ejerce en la actualidad y que acota la acción de gobierno a parámetros opuestos a la realidad social y a las necesidades y deseos de esa realidad... además de un gobierno foral del PP en Araba que ya en su momento catalogaron de inadecuado. Es decir, en su afán por conjugar su ambición de poder y la uniformización de Euskadi en España, socialistas y populares están dispuestos no sólo a obviar a la mayoría socio-política sino incluso a sacrificar el interés común, también de sus votantes, al tratar de extender lo que se ha mostrado -y ellos mismos creen- una administración ineficiente.