Egunkaria, reparar una injusticia

Diario de Noticias de Navarra
La sentencia que absuelve a cinco directivos de presunta integración en ETA es la prueba de que las salvaguardas constitucionales y garantistas de un Estado de derecho se pasaron por alto en un proceso judicial de impulso político
Martes, 13 de Abril de 2010 - Actualizado a las 07:17h.
lA Audiencia Nacional absolvió ayer a cinco directivos de Egunkaria de la acusación de presunta integración en ETA y reprochó al juez Juan del Olmo que la clausura del periódico hace siete años, una medida de excepción y excepcional en un Estado democrático y de derecho, carecía de cobertura constitucional. Además, critica a las acusaciones particulares que ejercen la Asociación Víctimas del Terrorismo y el grupo Dignidad y Justicia -la Fiscalía se retiró del proceso al entender que no había pruebas que acreditasen una relación con ETA-, por aferrarse a tesis que son "meras especulaciones". Pese a la contundencia de la sentencia, ya han anunciado que presentarán recurso ante el Tribunal Supremo, lo que alargará de nuevo la injusticia que han sufrido las personas acusadas -alguna de las cuales denunció haber sufrido malos tratos y torturas psicológicas-, los trabajadores despedidos, los lectores que perdieron su medio de información y la propia empresa editora de Egunkaria, clausurada y obligada al cese de su actividad por un proceso judicial sin prueba alguna. De hecho, la sentencia de ayer repara una injusticia, pero no puede ser aireada como prueba de un buen funcionamiento de la justicia en el Estado español. Al contrario, el fallo y sus argumentos son precisamente la prueba de lo contrario: de que en el caso Egunkaria las salvaguardas constitucionales del modelo garantista del Estado de derecho se pasaron por alto para llevar a delante un proceso judicial de impulso político en un contexto de persecución política, mediática y judicial de empresas, colectivos y personas relacionadas con la difusión de la cultura vasca en su más amplia concepción. Durante estos siete años, ni a Egunkaria ni a las personas acusadas se les ha dado ninguna oportunidad de defenderse de toda la basura política y mediática que les ha caído encima, ni nadie ha aclarado aún cómo se les va a resarcir de los millones de euros perdidos a consecuencia de un cierre judicial injustificado e ilegal. En este sentido, la sentencia debiera ser el punto de partida para solucionar esa deuda económica, pero también la base jurídica para que los responsables políticos y jurídicos de las detenciones y del cierre del único diario en euskera -y los medios que le dieron cobertura y jalearon-, hicieran pública autocrítica y pidieran disculpas por haber creado las condiciones de impunidad propicias para que ese atropello antidemocrático se produjese.