Estatuto: Treinta años de tira y afloja por Amaia Artetxe

Los treinta años de historia del Estatuto se resumen en una continua pelea entre la resistencia de los Gobiernos españoles a "desprenderse" de las competencias recogidas en su texto y la pugna de las instituciones vascas por completar un proceso aún inacabado.
25 de octubre de 1979. Casi seis de cada diez vascos acuden a las urnas. Noventa de cada cien de ellos dicen sí al Estatuto de Autonomía. Dicen sí a una nueva etapa que se augura ilusionante. Hoy, treinta años después, la realidad se ha impuesto a la ilusión. Treinta años después, el texto estatutario mantiene parcelas en las que el Estado ha impuesto su razón y en las que el espíritu de ese texto ha quedado diluido desde posiciones centralistas que distan mucho de la filosofía inicial del Estado de las Autonomías.
La historia del Estatuto de Gernika es una sucesión de tiras y aflojas entre el Estado -entre los sucesivos Gobiernos españoles- y Euskadi. El periodo más fructífero fue el inicial. El desarrollo estatutario arrancó con cierta flexibilidad en la apertura de los ámbitos de gestión vascos y también en la fluidez de las relaciones entre instituciones. Así, entre 1979 y 1982, se realizan traspasos elementales en una gran gama de materias de gestión. En esa época, llegan las transferencias de Industria, Agricultura y Pesca, Enseñanza o Carreteras, hasta completar 43 competencias. Ése fue un periodo también fecundo para crear las bases de diferentes instrumentos del autogobierno vasco: fue el momento en el que se puso en marcha la primera ley del Concierto Económico y en el que se crearon la Ertzaintza o EITB.
La ilusión por abrir una nueva etapa tras cuarenta años de dictadura pudo estar en el origen de un buen arranque de las relaciones entre el Estado y Euskadi que no duraría mucho más. De hecho, no llegaría ni a completar esa primera etapa inicial hasta 1982. Porque los temores a una desmembración no habían desaparecido en Madrid. La buena voluntad inicial fue derrocada por ese miedo a perder la centralidad del Estado. Y llegó la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (1981). Una ley con un impulso uniformizador que fue declarada en muchos aspectos inconstitucional por el Tribunal Constitucional y que, luego, se reconvirtió en la Ley del Proceso Autonómico.
Entre 1983 y 1989 Euskadi comienza a encontrarse con ciertas dificultades para materializar el desarrollo de las transferencias. Y ello pese a que la fluidez de las relaciones se mantiene en cierta medida. En 1985, se reciben 21 traspasos en materias como Universidades o Urbanismo. Pero a partir de 1987, las cosas comienzan a torcerse definitivamente. Se produce una congelación alarmante en esos traspasos que motivará múltiples reacciones políticas. Porque las transferencias recibidas en esa etapa tienen un papel importante en lo que a gestión se refiere, pero el Estado se resiste a deshacerse de las competencias de mayor calado político.
"resistencia" activa A la crítica pública de los partidos vascos se sumó una iniciativa en las Cortes Generales. Congreso y Senado aprobaron en 1987 sendas resoluciones en las que "se insta al Gobierno del Estado para que concrete y formalice con el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco el programa de transferencias pendientes, así como el correspondiente calendario para su ulterior negociación". Pero el llamamiento de ambas Cámaras cayó en saco roto. El Ejecutivo del PSOE mantiene un parón de siete años en las transferencias coincidiendo con la última etapa de Felipe González como presidente español. Entre 1990 y 1996 sólo se producen doce traspasos, nueve de ellos en un paquete en 1994 coincidiendo con la asunción de la presidencia de la Comisión de investigación en el caso del gobernador del Banco de España por parte del PNV. Las otras tres transferencias se producen en 1996, en plena campaña electoral.
Es en ese periodo en el que la confrontación entre Estado y Euskadi se hizo más notable. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de diciembre de 1990 proclamaba que "el retraso competencial es un obstáculo grave al reparto de competencias del que el Estado es el máximo responsable, porque a él le corresponde extremar el celo para llegar a acuerdos en las comisiones mixtas". Pero ni con esa sentencia en las manos se movió un ápice la voluntad del Gobierno socialista.
Dos años después, el Ejecutivo vasco toma la iniciativa, encargando la elaboración de un informe conocido como Informe Zubia, por su autor, el entonces consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico, Joseba Zubia (PNV). Ese documento se elaboró en el seno de la Ponencia sobre desarrollo estatutario del Parlamento Vasco, que se reunió en 26 ocasiones para presentar un informe con el consenso alcanzado sobre traspasos pendientes en 54 materias. Un texto que se aprobó unánimemente el 1 de julio de 1993.
Tres años después, en 1995, el Informe Zubia sirvió como base para otro documento, el Informe sobre prioridades de la negociación, en el que se incluyen dichas prioridades y los criterios políticos, jurídicos y económicos para la negociación con el Estado. El documento se pasó a los grupos parlamentarios vascos, que lo valoraron positivamente de nuevo de forma unánime.
El PP de Aznar 1996 es el año de la llegada al Gobierno español del PP. Este partido obtuvo 156 diputados sobre el total de 350 representantes en el Congreso, pero necesitaba apoyos para sacar adelante la investidura de Aznar. En las negociaciones para ello, el PNV arranca dos relevantes acuerdos: la ampliación del Concierto Económico y el acuerdo sobre la financiación de la formación continua en Euskadi. Los años del primer Gobierno Aznar arrojan un saldo inicial de tres transferencias menores y la última, la de la autopista A-8, en un trueque a cambio del voto favorable de los jeltzales al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A esas alturas, era ya más que evidente que la intención de los sucesivos Gobiernos era la de no renunciar, en la medida de lo posible, a ninguna de las competencias pendientes. Será la debilidad de los Ejecutivos de PSOE y PP el único factor posible para arañar competencias recogidas en el Estatuto. Y el mejor ejemplo de ello es que con la mayoría absoluta alcanzada por Aznar en 2000, el grifo de traspasos se cierra.
el PSOE de zapatero El cambio de Gobierno, con la entrada de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa no cambia esa situación de bloqueo. Su primera legislatura se cierra sin avances, pese a que en junio de 2004 el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció su voluntad de reabrir el proceso de negociación de transferencias. En ese mismo momento, Sevilla aseguraba, además, que Zapatero pretendía convocar la comisión mixta para traspasar un primer paquete de competencias pendientes antes de ese verano. La aparente disposición del Gabinete socialista fue bien recibida por el Gobierno vasco, que puso sobre la mesa diferentes propuestas. En materia de políticas activas de empleo, por ejemplo, planteó cinco proposiciones entre 2004 y mediados de 2007. Sin respuesta.
Sobre las transferencias relacionadas con las instituciones y administración penitenciarias, se produjeron en 2005 dos sesiones informativas multilaterales y se reiteró en otras dos ocasiones más la reclamación de esta competencia con sendos acuerdos del Consejo de Gobierno de julio de 2005 y septiembre de 2006, también sin respuesta. Se aprobaron dos proposiciones de ley en el Parlamento vasco pidiendo el traspaso de ambas competencias... Sin éxito.
En 2008, sin embargo, cambian las tornas. El PSOE consigue una mayoría exigua en los comicios celebrados en marzo, lo que le fuerza a buscar apoyos para su acción de Gobierno. Y para sacar adelante sus presupuestos. El entendimiento con el PP era imposible, de manera que la mirada de los socialistas se dirige, entre otros, al PNV. Tras una negociación en la que Zapatero apura hasta el último minuto, se alcanza un pacto: el apoyo de los jeltzales a cambio de la transferencia a Euskadi de I+D+i.
y con patxi lópez Desde entonces, no ha habido novedades efectivas. Sí adelantos de posibles transferencias. La llegada a Ajuria Enea de Patxi López parece haber abierto una puerta a la consecución de materias pendientes. En una primera reunión con el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ambos anunciaron la próxima transferencia de las políticas activas de empleo. Una transferencia que los grupos de la oposición temen llegue desvirtuada. Y de la que no se conoce más que la fecha de entrega -el 1 de enero de 2010- y la cuantía destinada a ella -300 millones-, que no se corresponde con el importe calculado por los anteriores Ejecutivos vascos.
las claves
• Hasta 1982. Desde la aprobación del Estatuto hasta ese año, se produjeron 43 traspasos competenciales. Los dos primeros en 1978, uno en 1979, quince en 1980; 19 en 1981 y los seis últimos en 1982.
• De 1983 a 1989. La cifra de transferencias baja a 28. En 1985 se realizaron 21 y en 1987, siete.
• De 1990 a 1996. En este periodo se producen doce traspasos: nueve en 1994 y tres durante 1996, coincidiendo con el final de la legislatura.
• De 1997 a 2000. Sólo se transfiere una materia, en 1999.
• Entre 2000 y 2009. El único traspaso efectivo se produce en 2008.
El "Informe Zubia", que tuvo el apoyo unánime del Parlamento Vasco, reclamaba el traspaso de 54 competencias
La debilidad de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP ha sido la manera de "arañar" materias al Estado