La visceral reacción de la derecha hacia el uso del euskera, el catalán y el gallego en la Cámara Baja ha convertido lo que debía ser un paso hacia la normalidad en un foco de inexplicable polémica.
Jueves, 20 de Enero de 2011 Editorial Diario de Noticias de Navarra.
El euskera, el gallego y el catalán se escucharon el lunes en la Cámara del Senado en una sesión que adquirió carácter histórico y polémico a partes iguales. Gracias a una iniciativa que sólo fue rechazada en su día por el PP y UPN, es posible ya utilizar las lenguas cooficiales del euskera, catalán y gallego en esta Cámara. El debate, que debiera ceñirse en la extensión de esta práctica al Congreso (algo rechazado por el Gobierno) o abordar la utilidad de un Senado que, lejos de convertirse en la cámara de representación de las territorialidades, se ha quedado en un hemiciclo comparsa, se ha centrado sin embargo en algo que no debiera provocar discusión alguna como es la posibilidad de que los y las representantes de las diferentes autonomías puedan elegir la lengua cooficial para expresarse en los debates. Más allá de la demagógica utilización del manido argumento del sobrecoste (sólo supone un 1% del presupuesto del órgano) del plurilingüismo -reavivado ahora por las fuerzas conservadoras tratando de armar con ello una involución uniformadora que va más allá de los idiomas-, la salida en tromba de los partidos de derecha hunde sus raíces en algo más serio como es la incapacidad de aceptar la pluralidad lingüística y cultural del Estado español. Desde una postura política españolista pero centrada y europea, la lectura hubiera sido la contraria, ya que la propia normativa considera al euskera, al catalán y al gallego como lenguas cooficiales, es decir, propias del Estado español. Sin embargo, la visión reduccionista y uniformizadora del PP -a la que se suma UPN, con el agravante de representar a una comunidad bilingüe como Navarra- coloca al castellano como única lengua y al centralismo como único sistema de organización territorial. En definitiva se trata de saber si se entiende España como una organización fruto de una suma de partes con sus diferentes identidades culturales, lingüísticas y también políticas o como un ente absoluto que en todo caso acepta unas dosis de descentralización. La visceral reacción de la derecha avala el sentimiento legítimo de la periferia de no sentirse cómoda en una estructura estatal que no acepta la diversidad hacia dentro y adopta posturas de nacionalismo español hacia fuera. "Las lenguas no son para eliminar a otros, son espacios de convivencia, no espacios de confrontación". Lo dijo ayer el ministro Ángel Gabilondo, a ver si el resto entienden su idioma. Algunos partidos seguro que no, aunque lo diga en castellano.