TREINTA AÑOS DE CONCIERTO ECONÓMICO

TREINTA AÑOS DE CONCIERTO ECONÓMICO
12.500 millones de autogobierno
Los muñidores del Concierto Económico, que cumple mañana 30 años, relatan las ventajas de la autonomía fiscal, que permite a las diputaciones recaudar impuestos en lugar del Estado para diseñar políticas propias.

Míriam Vázquez - Sábado, 8 de Enero de 2011 - Actualizado a las 05:46h.


El exministro de Hacienda Jaime García Añoveros sella la firma del Concierto Económico con un simbólico apretón de manos con el exconsejero de Economía Pedro Luis Uriarte.

BILBAO. Como una canción tarareada por todos, pero de título indeterminado. El Concierto Económico dota de contenido al autogobierno y permite la implantación de políticas sociales, aunque pocos conocen en qué consiste. Influye en el día a día de los ciudadanos. Pero lo hace con la discreción del apuntador que, tras la cortina, susurra a un actor olvidadizo las líneas de su guion para no desbaratar el conjunto de la obra. Así se entiende que, según el último Sociómetro, nueve de cada diez vascos desconocen en qué consiste o nunca han oído hablar de la norma. Sin embargo, su batuta ha permitido llevar a buen puerto el desarrollo competencial, marcando la diferencia con respecto a otros territorios. Catalunya ha puesto sus ojos en ese sistema. Pero no ha sido la única. En un reciente encuentro entre parlamentarios europeos y congresistas estadounidenses, los norteamericanos mostraron gran interés.

Tras la supresión franquista, la autonomía fiscal vasca era reelaborada una vez muerto el dictador con la firma -el 9 de enero de 1981 y entre representantes del Gobierno español y de la CAV- del texto que habría de regir las relaciones entre ambas administraciones. Así pasaban las haciendas forales a contar con un régimen tributario y fiscal propio. En definitiva, a recaudar y gestionar sus propios impuestos y, en consecuencia, a regular la cantidad de recursos con los que implantar políticas sociales o económicas. De forma más gráfica, consistiría en sustituir en territorio vasco la Hacienda española por la foral.

El cupo, para pagar al Estado

El acuerdo estipulaba que las diputaciones vascas son las encargadas de recaudar los impuestos para llevar a término sus políticas, mientras que pagan al Estado exclusivamente por los servicios prestados a la comunidad autónoma. Es decir, la contrapartida a su autonomía viene dada por el monto que deben aportar los vascos para sufragar las tareas desempeñadas desde el Gobierno español por las competencias que aún no haya asumido la CAV.

De este modo lo explica a DEIA Pedro Luis Uriarte, encargado de presidir la parte vasca de la Comisión Mixta durante la firma del Concierto como consejero de Economía y Hacienda -por parte del Estado, su homólogo era el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros-, quien ofrece ejemplos prácticos. Así, detalla que, al tener la competencia de la Policía autónoma, la CAV no ha de abonar nada al Estado por ese capítulo. Sin embargo, Euskadi no cuenta con la competencia del Ejército, de modo que debe pagar por ese apartado a Madrid.

Esa cantidad -negociada en sus inicios por Uriarte- recibe el nombre de cupo, se revisa cada cinco años, y es regulada en la Comisión Mixta, constituida por seis representantes estatales y seis vascos -tres de Lakua y otros tantos de los entes forales-. El importe ha de ser calculado teniendo en cuenta el peso de la renta vasca en el conjunto estatal. El índice se sitúa en el 6,24%, de modo que los vascos pagan al Estado el 6,24% del Ejército, de la Corona o de Exteriores: "Da una autonomía total, ya que puedes hacer en el campo del gasto público absolutamente lo que quieras de acuerdo con tu ideología. Da un nivel de autonomía mucho más rico que el de una comunidad normal. Tienes que pagar el 6,24% por las actividades del Estado, y lo restante te lo quedas para tus presupuestos". En 2011 se recaudarán 12.500 millones de euros, a los que habría que restar el cupo.

La clave del autogobierno

El pacto contribuyó a engrasar las relaciones entre Madrid y Gasteiz, al tiempo que no limitaba los recursos para ejercer las competencias a una cantidad cerrada y ofrecida por el Estado. Según destaca uno de los testigos de la época, José Alberto Pradera, el entonces Director de Transportes del Gobierno vasco y portavoz jeltzale en las Juntas Generales de Bizkaia, la consecuencia a extraer sería sencilla y pasaría por subrayar que, dada la autonomía fiscal de la CAV, que no depende de Madrid, la soberanía sería cualitativamente más alta, mientras en otras zonas que dependen de los fondos estatales sería necesario "besar la mano que te da de comer". Esas autonomías, en lugar de recoger sus propios tributos, se limitan a ejercer sus competencias con el presupuesto que les cede el Estado. "El hecho político, sin Concierto, posiblemente es de segunda división. En cambio, con el Concierto, cuentas con una soberanía más elevada para tomar tus propias medidas", explica a este periódico.

Más acción que Madrid

La autonomía fiscal se mostró clave para desarrollar las competencias, ya que de poco valdría contar con esas transferencias si el presupuesto consignado por el Estado a tal efecto fuera exiguo y atenazara la capacidad de maniobra de Ajuria Enea. Sin embargo, resulta incluso más relevante en el caso de las materias no asumidas. Así sucedió en la crisis de los ochenta, cuando el Gobierno vasco tuvo que añadir dinero de sus arcas a los fondos aportados por el Estado. Dada la insuficiencia de los recursos ofrecidos por el Ejecutivo español para aprobar medidas que estimularan el sistema empresarial y que paliaran la situación de los trabajadores -esos recursos ya habían sido pagados por los vascos vía cupo-, el gabinete de Gasteiz tuvo que añadir más fondos de su propia cosecha a pesar de no gestionar la competencia. Pagar por partida doble se convirtió en el uso común, con la consiguiente repercusión en el bolsillo del ciudadano vasco.

Más políticas sociales

Pradera apunta un factor más. "Lo que hemos hecho con los temas fiscales, las ayudas a la inversión, o la recaudación de los pagarés forales que nos dieron unos ingresos extra nos permitió salir de la crisis. Eso nos posibilitó decidir empezar con el metro o el Guggenheim. Sin esos ingresos, hubiéramos tenido más miedo. Cuando hacíamos el plan para las empresas, tuvimos claro que íbamos a dar vida a unas corporaciones que se iban a restaurar y que luego, a través del IVA, nos lo iban a devolver. En tres años se recuperó ese dinero, y nos encontramos con un tejido activo que pagaba sus impuestos", explica. La influencia de ese marco no dejaría al margen a las políticas sociales. "Ha posibilitado tener unos presupuestos de un calibre tal que hemos podido tener nuestra propia dinámica. Aquí es donde más se gasta en política social en el Estado. Somos el ejemplo", recalca.

Uriarte incide en el mismo punto. "El nivel de servicios públicos del que disfrutan los vascos sería impensable sin el Concierto. Estaríamos con toda seguridad en un nivel inferior. Se puede probar por dos vías: por una parte, es muy envidiado y criticado por quienes no lo tienen; y, por otra, cuando se han planteado modelos de financiación para el resto de comunidades, la referencia del Concierto ha sido fundamental. El planteamiento de CiU que le ha permitido tener unos resultados tan óptimos ha sido tratar de lograr ese modelo para Catalunya", opina.

El "salvavidas" de los ochenta

La implantación del Concierto, así, habría tenido lugar en un momento esencial. El jeltzale Juan Mari Ollora, quien también participó activamente en la Comisión Mixta en representación de Araba, lo recuerda en declaraciones a este medio: "El modelo establecido, con el volumen de recursos públicos que supuso, fue absolutamente decisivo para cambiar y renovar el tejido económico. Sin esa institución, sin ese respaldo de los vascos pagando impuestos, y sin haberlo hecho en ese momento, posiblemente no estaríamos hablando ahora del nivel de desarrollo que tenemos". A principios de los ochenta, cuando se registraban 2.340 nuevos parados al mes en Euskadi, resultó clave a la hora de implantar políticas específicas. La dependencia de la CAV del sector industrial propició que el revés fuera más acusado. Pero el Concierto tenía la última palabra y reflotó la economía.

Capacidad de adaptación

Ollora, asimismo, destaca que el sistema ha mostrado "una gran capacidad de adaptación" a nuevos impuestos y a un cambio de referencia de espacios tributarios como Europa. "Si me dicen que tengo que volver a firmar un Concierto, ahora, con las mismas características básicas, lo volvería a firmar. Ni las diputaciones ni los ayuntamientos ni el Gobierno vasco tendrían el volumen de recursos públicos que emplean en todas sus políticas si no estuviera este sistema", sentencia.

Lucha contra el fraude fiscal

Por otra parte, Uriarte destaca que, al depender la CAV de los ingresos recaudados por la diputaciones, contaría con un mayor incentivo a la hora de atajar el fraude, puesto que el aumento de la recaudación repercute directamente en sus arcas. "En una comunidad autónoma normal, esa mayor recaudación puede beneficiar quizás al Estado. Pero asumes un riesgo: si se produce la caída de la recaudación, tienes que asumirla tú mismo", matiza. Sobre las acusaciones que, en su génesis, auguraban que las instituciones vascas utilizarían el Concierto para crear un paraíso fiscal, desmiente: "Para evitarlo, el acuerdo establece que la CAV garantiza que la presión fiscal media efectiva global va a ser como mínimo la media del Estado".

La petición de Catalunya

Unas peculiaridades que han pasado a formar parte del debate en Catalunya. "En los ochenta, el conseller de Economía, cuando le preguntaron si a él le interesaba el Concierto, dijo que no. Preferían un talón antes que tener la responsabilidad de la recaudación", recuerda Pradera. Sobre la posibilidad de exportar el modelo a la Generalitat, no muestra dudas -"claro que vale"-, pero señala problemas económicos: "El peso de la economía vasca en el Estado es del 6,24%. En cambio, Catalunya alcanza el 18%. Igual no puede resistir los compromisos financieros".

Uriarte, por su parte, señala dificultades como un Estatut que no reconoce esta herramienta, o la necesidad de un cambio en el modelo de financiación de todas las comunidades, en caso de que se considerara extrapolar el modelo a todas ellas. Un punto que contaría con otra derivada, y que pasaría por redistribuir la renta entre las zonas más y menos ricas, configurando un flujo de aportaciones desde las comunidades más pudientes. Un esfuerzo de solidaridad al estilo del que lleva a cabo Europa con el Estado español, a quien concede recursos para reequilibrar las rentas de los países miembros. "En la actualidad ese flujo no es transparente, y ahí radica la petición de Catalunya, que dice aportar más de lo que recibe y que, además, se le acusa de insolidaria", remarca.

La polémica del "blindaje"

La norma volvió a la actualidad en 2010, tras haber equiparado la protección del sistema vasco con la de otras normas fiscales del Estado, ante las que sólo cabe interponer recursos ante el Tribunal Constitucional. Lakua minora así la relativa frecuencia con la que otras comunidades han interpuesto recursos contra la norma ante la jurisprudencia ordinaria al considerarla un privilegio. Una crítica que se deja en el tintero un recorrido que comienza en 1878, y que se vio truncado con el decreto de 23 de junio de 1937, por el que Franco arrebató el Concierto a las provincias traidoras de Bizkaia y Gipuzkoa. Por ello, la Constitución, en su disposición adicional primera, pasó a reconocer los Derechos Históricos tras la dictadura, de la misma forma en que lo hace el Estatuto de Gernika en su artículo 41. "Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios", zanja