Intervención de Josu Erkoreka-ren parte hartzea

Quisiera dar comienzo a mi intervención agradeciendo a los organizadores y patrocinadores del Forum Europa, la amable invitación que me han cursado para dejar oír mi voz en este desayuno informativo. Agradecimiento que hago extensivo, por supuesto, a todos los asistentes, que esta mañana han tenido la enorme gentileza de interrumpir sus quehaceres cotidianos para acercarse al Hotel Ritz a escuchar mis reflexiones.

Si las cuentas no me fallan y las fuentes no me engañan, soy el último, de entre los portavoces parlamentarios del Congreso de los diputados, que comparece en esta plaza. Los demás -me refiero, lógicamente, a los portavoces con Grupo propio- lo han hecho ya en los últimos meses, con mayor o menor acierto y audiencia. No sé si la cortesía me obliga a pedir disculpas por ello. Si es así, lo hago con mucho gusto. Y sólo después de que mis excusas hayan sido aceptadas, no antes, confesaré que cuando supe que el resto de los portavoces de la cámara hubiera pasado ya por esta tribuna, me quedé sin argumentos para seguir resistiéndome a las reiteradas solicitudes que, con su habitual tenacidad, venía formulándome el coordinador del foro, José Luis Rodríguez, para que fijase día y hora.

Creo, con todo, que puedo alegar en mi favor una circunstancia atenuante. Seré el último en acudir a la cita, pero lo hago en un momento sumamente interesante desde el punto de vista político. Supongo que nadie discutirá este extremo. Desde el rescate financiero irlandés, hasta las elecciones catalanas celebradas anteayer, son numerosos los asuntos que se prestan a la cavilación del observador, la disección del político y la sagaz indagación del periodista.

Pero no quisiera dispersar su atención. Me gustaría centrar mi intervención de hoy en el que creo que es el principal motivo por el que la sigla PNV se encuentra de actualidad aquí en Madrid: el sentido político del apoyo que hemos decidido prestar a las cuentas públicas del Estado para 2011. Un respaldo que, a nadie se le oculta, encierra, en la coyuntura política actual, una significación que va más allá del mero aval a un cuadro numérico de ingresos y de gastos.

Decía Caro Baroja que todo lo que hacemos los seres humanos tiene una explicación en la historia. Es verdad. Y nuestro apoyo a los Presupuestos del Estado, no constituye, en este punto, una excepción. Es fruto de una trayectoria que hunde sus raíces muy atrás en el tiempo. Permítaseme, a este respecto, hacer una pequeña incursión en el pasado que, espero, contribuya a identificar algunas de las claves que explican nuestra posición de hoy.

La participación del nacionalismo vasco en las cámaras representativas del Estado, no ha seguido una trayectoria pacífica y lineal. Se ha ido abriendo camino, durante el último siglo, por un angosto desfiladero que discurre entre los intransigentes de un lado y los excluyentes del otro. Nuestra presencia efectiva en la carrera de San Jerónimo data de 1918. Se remonta, por tanto, 92 años atrás, de los que hay que restar, obviamente, los paréntesis dictatoriales. Sin embargo, durante muchos años se trató de una presencia autolimitada. Sirva como ejemplo de lo que digo, el mandato que los diputados del PNV recibieron de su partido durante la II República, para evitar -y cito literalmente- "intervenciones en asuntos españoles que no tuvieran relación con Euzkadi ni con el Estatuto, para cuya defensa fueron nombrados". En aplicación de este restrictivo mandato, se llegó a dar el caso de que, uno de ellos, Jesús Leizaola, fuera requerido por una junta de Bilbao, para que justificase su participación en el debate del PGE para 1933; una participación tan profunda y apasionada que, a juicio de muchos, superaba el umbral de lo tolerable para un patriota vasco.

Semejante planteamiento -no lo niego- sería muy plausible en términos de estricta coherencia patriótica, pero es evidente que suponía una inmensa limitación para el desarrollo de una actuación parlamentaria eficaz. El do ut des, tan básico en la vida política, y especialmente en la parlamentaria, se convierte en un ejercicio imposible si uno se centra exclusivamente en lo que puede recibir y renuncia a hacerse valer en lo que puede dar. Es, si se me permite la comparación, como competir en los 100 metros a la pata coja ¿Se imaginan lo que hoy hubiese supuesto para nosotros un planteamiento autolimitativo como aquél? Sobre semejantes premisas, el acuerdo presupuestario que hemos suscrito hubieses resultado, sencillamente, inimaginable.

Pero nuestros abuelos aprendieron bien la lección. Y a la altura de 1977, nadie dudaba ya, en el seno del PNV, sobre la pertinencia de apostar por una participación plena y sin reservas en las Cortes Generales.

Sin embargo, justo en el momento en el que nuestro partido ponía fin a las reticencias que históricamente han condicionado su participación en las Cortes, se inicia un plante por parte las organizaciones de nuevo cuño nacidas de la izquierda nacionalista, que pedían boicotear el Parlamento español, y hasta la misma participación en los comicios convocados para cubrir sus escaños.

Con matices y modulaciones, esta situación bipolar se ha mantenido básicamente inalterada durante las tres últimas décadas. Pero, curiosamente, ahora que la izquierda abertzale parece haber superado todas las pegas que antaño ponía a su paresencia en las Cortes -les recuerdo que, ante la amenaza de la ilegalización, en las elecciones de 2008 expresaron su voluntad de participar en los comicios con el fin llevar su mensaje "hasta el corazón de España"- reemergen con renovado ímpetu las reticencias del otro lado; las objeciones de quienes prefieren no vernos haciendo política en Madrid. Ya en 1918, los primeros diputados nacionalistas que accedieron a la cámara fueron recibidos con muestras rechazo por parte de los electos más conservadores, en cuya opinión, no podían ser admitidos en las Cortes quienes sostuviesen que su nación no era España, sino Euzkadi. En las Cortes republicanas se vivieron, también, algunos episodios del mismo tenor. Y ahora, varias décadas después, vuelven a escucharse voces que apuestan por retocar el sistema electoral para suprimir la presencia de diputados nacionalistas en el Congreso, o rebajar su influencia en el hemiciclo.

Pues bien, en este estrecho margen que se abre entre la intransigencia de unos y la vocación excluyente de los otros, desde junio de 1977, el PNV ha ido trazando una trayectoria en las Cortes Generales que se ha definido desde dos tipos de parámetros: territoriales e ideológicos. Vayamos con los primeros.

El principal motor que ha movido al Grupo Parlamentario vasco en las Cortes Generales es la defensa de los intereses de Euskadi. Son muchos los que nos acusan de ambiguos, pero creo, francamente, que en este punto, nadie podrá acusarnos de haber jugado al equívoco o al engaño. Elección tras elección, durante los últimos 33 años hemos concurrido a las comicios generales pidiendo el respaldo de los votantes para formar un Grupo Parlamentario fuerte, que sea capaz, si la coyuntura resulta propicia, de influir decisivamente sobre los poderes centrales del Estado, en interés de Euskadi, su autogobierno y su desarrollo económico y social. Basta echar un vistazo a los lemas que han presidido las campañas de este periodo para darse cuenta de la centralidad que esta idea ha desempeñado en nuestro reclamo electoral. Y basta, también, repasar los diarios de sesiones de las tres últimas décadas, para comprobar que la inmensa mayoría de las iniciativas promovidas durante este período en relación con los asuntos citados, llevan la rúbrica del PNV. Nos hemos comprometido ante los electores a defender los intereses vascos en Madrid y así lo hemos hecho. Nadie nos puede reprochar nada desde ese punto de vista. Hemos hecho lo que hemos dicho y hemos dicho lo que hemos hecho. Con honestidad, claridad y rigor.

Pero nuestra actuación parlamentaria no se ha definido, tan sólo, desde presupuestos estrictamente territoriales. La defensa de los intereses vascos ha constituido el objetivo principal de nuestro quehacer en las Cortes, pero no el único. También la ideología ha pesado a la hora de marcar el rumbo de nuestro trabajo parlamentario. Fuimos fundadores de la Democracia Cristiana europea y es en ese universo de valores y principios, donde sigue ubicándose nuestro prontuario ideológico. En el centro mismo del centro político. Creemos en el ser humano y en su inalienable derecho a desarrollar libremente su personalidad. Pero creemos también en la comunidad política, concebida como el marco que ha de dar satisfacción a la dimensión social de la persona y como el soporte de unas instituciones cuyo principal cometido debe consistir en remover los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de los ciudadanos en condiciones de libertad y de igualdad. Es en esa tensión dialéctica entre lo individual y lo colectivo donde definimos nuestra acción política y situamos nuestras apuestas sociales. Nunca nos han dado miedo las políticas de integración y promoción social, por profundas y ambiciosas que fueran. Antes al contrario, podemos jactarnos de haber sido pioneros de muchas de ellas en el marco del Estado autonómico.

Hace unos años participamos, también, en la fundación del Partido Demócrata Europeo (PDE) que nació con la vocación de recoger el legado histórico de la Democracia Cristiana, del que esta se fue alejando a medida que sus estructuras eran colonizadas por conservadores y liberales de toda laya, radicalmente ajenos a su cultura política. Comprendo que al observador español le resulta difícil admitir la existencia de un espacio político situado entre el PP y el PSOE, que parecen cubrir todo el espectro, pero existe. Vaya si existe. Y ahí nos situamos nosotros. Nuestro referente en Francia no es ni el Partido Socialista, ni Sarkozy. Es François Bayrou, con el que compartimos militancia en el PDE Nuestro referente en Italia no es Berlusconi, sino Francesco Rutelli, o incluso Romano Prodi, fundadores, también, junto a nosotros, del PDE.

En resumen: nuestra acción parlamentaria, se viene desarrollando entre estos dos parámetros; uno territorial y el otro ideológico.

Ahora bien, el Grupo Parlamentario vasco es, por su propia génesis y configuración, un Grupo de reducidas dimensiones en el conjunto del hemiciclo. En la reciente etapa democrática, nunca hemos superado los 8 escaños de un total de 350. Y en la actualidad sumamos 6. En semejantes condiciones, todo el mundo comprenderá que nuestro trabajo en las cámaras adquiere relieves muy distintos, según que el Gobierno de turno goce de mayoría parlamentaria o carezca de ella. En el primer caso, nuestro quehacer se ve forzado a desenvolverse bajo el estigma de testimonialismo. Sólo cuando el Gobierno carece de mayoría y necesita de nuestro apoyo para obtenerla, se nos abre la posibilidad de rentabilizar nuestros efectivos parlamentarios con resultados ciertos y tangibles. Y esto es, en resumidas cuentas, lo que ahora nos ha sucedido. Mediada la legislatura, un Gobierno desprestigiado y agónico pedía tiempo desde el fondo del pozo. Y por los caprichos del calendario electoral, sólo nosotros parecíamos en condiciones de poder atender su reclamación. En estas circunstancias -difícilmente repetibles, ciertamente- nuestros seis diputados han elevado su cotización hasta situarse en las más altas cotas de su reciente historia. Era un activo que no podíamos malograr. Y hemos procurado aprovechar la oportunidad histórica.

Me interesa mucho reseñar, a este respecto, que las circunstancias, por favorables que sean, no garantizan por sí solas el éxito de una empresa. Decía Picasso que la inspiración existe, pero tiene que sorprenderte trabajando. Parafraseando al pintor malagueño podríamos decir que, a nosotros, esta oportunidad, que no dudo en calificar de única, se nos ha presentado, también, en plena faena. Si durante los últimos cinco años hubiésemos optado por una estrategia parlamentaria de inhibición o autoexclusión; si el año pasado, tras haber sido descabalgados del Gobierno vasco, no hubiésemos sido capaces de reaccionar como lo hicimos, para seguir, sin perder la compostura, apostando responsablemente por el autogobierno vasco y la promoción económica y social de Euskadi, de nada hubiese servido la mejor de las oportunidades posibles, porque nadie nos hubiese identificado como posibles aliados. El que no salta al terreno de juego no puede, por definición, aprovechar las ocasiones de gol. Y cuando se nos presentó esta oportunidad, hacía tiempo que estábamos pisando el césped y en pleno esfuerzo por llevar el balón al área contraria.

¿Qué hemos obtenido de este acuerdo?

En primer lugar, un compromiso del Gobierno para encauzar e impulsar, en lo que resta de legislatura, el pleno desarrollo del Estatuto de Gernika. Todo un logro -sinceramente lo creo así- tres décadas después de su aprobación. La constatación de este éxito, sin embargo, queda ligeramente ensombrecida por una denuncia que no puedo dejar de formular aquí. No es tolerable que el cumplimiento de una Ley Orgánica que debía haberse llevado a cabo, espontáneamente, hace ya mucho tiempo -porque las leyes, hasta donde yo sé, están para ser cumplidas- quede subordinado al pago de una tarifa que el PNV -siempre el PNV- ha de pagar al Gobierno de turno en términos de apoyo parlamentario. La cicatera actitud de los sucesivos ejecutivos centrales -y en esto no ha habido distinción entre el PSOE y el PP- ha convertido el Estatuto de Gernika en un Estatuto de peaje, donde, por cada transferencia hay que pagar un canon, que recae en exclusiva sobre el costillar parlamentario del PNV. Y este es un abuso censurable, que no por haber sido denunciado con anterioridad me impide formular de nuevo mi más enérgica queja.

Por otra parte, el acuerdo ha servido, también, para desmentir rotundamente a quienes argumentaban alegremente que el Estatuto estaba ya plenamente desarrollado y quita razón a los que nos acusaban de boicotear su desarrollo, con el perverso argumento de que hacíamos planteamientos maximalistas, a fin de que, la previsible negativa del poder central, nos permitiera, después, acogernos al discurso victimista. Lo acordado constituye el más rotundo mentís a todos ellos y deja patente que el Estatuto estaba sin desarrollar, que su desarrollo era jurídicamente posible y que ahora, por fin, gracias al impulso parlamentario del PNV, se va a hacer realidad el pleno cumplimiento estatutario.

Pero el Estatuto de Gernika -siempre lo hemos dicho- ofrece, también, un perfil único y singular, bajo cuya superficie se ocultan notables potencialidades, que antes o después han de ser activadas. Y todo ello se ha puesto al descubierto con ocasión del acuerdo alcanzado en torno a la participación de las instituciones vascas en los grupos de trabajo del ECOFIN. Una previsión exclusiva y no generalizable, que sólo tiene sentido en las comunidades que gozan de un régimen fiscal de carácter concertado. El modelo autonómico es asimétrico, como el propio mapa electoral, y en el PNV, como se ve, seguimos trabajando por encontrar para Euskadi la ubicación singular a la que aspira y que sin duda le corresponde.

Finalmente, hemos comprometido, también, las cuentas públicas, con inversiones mayoritariamente centradas en infraestructuras y proyectos productivos, que contribuirán, sin duda, a mantener la actividad económica y garantizar la viabilidad de nuestro tejido empresarial de cara al futuro. Para nosotros, el cambio de modelo productivo no es un lema, sino una apuesta firme en la que venimos trabajando desde hace tiempo. Así lo atestiguan las estadísticas sobre la evolución de la economía y el empleo en el País Vasco.

Ahora bien, dicho esto, me interesa mucho dejar patente que la defensa de los intereses vascos, que forma parte de nuestro ADN, no la hemos planteado en esta negociación como un objetivo a alcanzar a cualquier precio; pese a quien pese y caiga quien caiga. Hubiese sido una irresponsabilidad en los tiempos que corren. Hemos defendido los intereses de Euskadi, sí, pero no por ello hemos perjudicado los intereses del Estado. Más bien al contrario, al defender nuestro programa -porque a eso vinimos a las Cortes, a defender nuestro programa- hemos contribuido, también, a garantizar una estabilidad económica, política e institucional que es beneficiosa para todos. En estos tiempos convulsos, la estabilidad constituye un valor enormemente positivo. Todo el mundo la reclama y pondera, abierta o soterradamente. Todo el mundo, excepto el Partido Popular, que no para de exigir, con los ojos inyectados en sangre, un adelanto de las elecciones generales. Pero las cosas no están para experimentos. Los ciclones griego e irlandés nos han pasado rozando. Sus turbulencias siguen amenazándonos y, desafortunadamente, lo seguirán haciendo durante algún tiempo. Frente ellas, siempre será más segura una casa de cimientos sólidos y estables, que una choza sin puertas ni ventanas, precariamente levantada sobre un campo de arenas movedizas.

Una convocatoria electoral, sumada a un calendario que incluye ya varias citas con las urnas, generaría una convulsión que podría hundir definitivamente la ya precaria marcha de la economía. ¿Alguien se imagina hasta qué punto hubiesen podido deteriorarse los indicadores económicos, si la crisis provocada en los mercados por el caso irlandés, no hace más que unos días, nos llega a sorprender en plena precampaña electoral, con la nave sin piloto y todos los partidos lanzados a las demagogias propias de esos períodos? Quien eventualmente se hiciese con las riendas del Gobierno después de esos comicios, se encontraría, sin duda, con un panorama infinitamente peor que el actual. Eso es lo que se trata de evitar. Ese es el peligro que el acuerdo presupuestario pretende conjurar. Que las ciegas alegrías de un guateque electoral, nos aboquen a un escenario que no beneficiaría a nadie y acabaría arruinándonos a todos. Me aterra imaginar que los que no contemplan más hipótesis que la del adelanto electoral, se engañen pensando que el barco podrá hundirse, con el pasaje y tripulación, pero ellos lograrán salvarse si consiguen acceder a la cabina de mando antes de que suceda la tragedia. Si se hunde el barco, todos saldremos malparados.

Concluyo. Entre la estabilidad y la convulsión hemos optado por la primera. El peso de nuestra experiencia histórica en las Cortes nos ha empujado a actuar responsablemente, haciendo votos por el sosiego y la estabilidad. Y antes que cualquier otra cosa, la estabilidad exige hoy contar con unas cuentas públicas supervisadas y avaladas por las instituciones europeas. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte. Ahora confiamos en que todos los demás actúen en consonancia. La estabilidad de hoy, cautamente administrada, será la base de nuestro bienestar de mañana.